El gobierno de Aguirre continua con su agenda de privatización de los servicios públicos de Madrid. Esta estrategia tiene varios frentes: por una parte cierra el grifo de financiación a los servicios públicos (notablemente a la educación y a la sanidad) para forzar su deterioro y su degradación; por otro, aumenta los recursos y las concesiones al sector privado en forma de centro concertados y similares.

No podemos permitir que nuestro gobernantes acaben con lo que es de todos. Firma la petición on-line en: http://www.casmadrid.org/

Desde hace años, la política sanitaria de la Comunidad de Madrid ha estado dirigida a provocar un deterioro continuado del sistema público con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante los contribuyentes. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan a la Comunidad de Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por habitante.A la par, se han aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad privada de todos aquellos servicios que se consideran económicamente rentables, lo que ha permitido la aparición de un sector privado listo para parasitar al sector público.

Este déficit de financiación, junto con el incremento poblacional y la congelación real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial que cualquier ciudadano puede observar y sufrir en los hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad.

La aprobación de la Ley 15/97 “de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad”, con los votos del PSOE y del PP, abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.

A partir del 2005, el gobierno de la Comunidad deMadrid aceleró el proceso de privatización traspasando a empresas privadas con ánimo de lucro la gestión y explotación, durante décadas, de 8 nuevos hospitales mediante el modelo de concesión; este modelo se aplica en Gran Bretaña, donde ya ha evidenciado graves inconvenientes tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud, problemas que han sido reconocidos incluso por organismos como la Organización Mundial de la Salud.

Aprovechando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2007, el PP acaba de dar un paso adelante más en esta estrategia mediante la aprobación de los mecanismos legales que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en “entidades de derecho privado” así como la creación de 6 empresas de derecho privado destinadas a gestionar “la parte sanitaria“ de los nuevos centros (aquella que, supuestamente, no se iba a privatizar nunca). Dicho sistema, que ya está aplicando el PSOE en Andalucía desde hace años, y que es similar a las Fundaciones Sanitarias creadas por el PP en Galicia, trata de eludir los controles propios del derecho público e incrementar la flexibilidad y precariedad laborales. Sin embargo, esta nueva forma de gestión nunca ha conseguido evidenciar una mayor eficiencia sanitaria con el paso de los años.